La nueva Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), basada en un sistema de plazos que permitirá el aborto en las primeras catorce semanas de gestación y hasta la semana 22 en caso de problemas graves para la madre o el feto, entrará en vigor el lunes 5 de julio, cuando se cumplen 25 años de la primera ley del aborto en España, y cuando aún está pendiente de resolución la cuestión previa de inconstitucionalidad planteada por el PP al Tribunal Constitucional.
Después de que el pasado miércoles el Alto Tribunal admitiese a trámite los recursos contra la ley presentados por el PP y el Gobierno de Navarra, abrió un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación para que tanto las Cámaras como el Ejecutivo presentasen alegaciones a la posibilidad de suspender la entrada en vigor de la norma en tanto se resuelve acerca de su constitucionalidad. Sólo el Gobierno alegará y lo hará con la Abogacía del Estado, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Entre las novedades de la nueva ley, algunas ya reguladas por dos reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 25 de junio, figura la capacidad de abortar sin consentimiento paterno de las menores entre 16 y 18 años de edad, la composición de un comité clínico que analizará los casos de aborto más allá de las catorce primeras semanas y la preferencia del sistema sanitario público sobre las clínicas acreditadas para la práctica de la IVE.
Sobre el primer asunto, las menores de 16 y 17 años tendrán que informar a sus padres si quieren abortar, "acreditar" con un "documento" ante el médico que han cumplido con este requisito y acudir acompañadas de un tutor a la intervención. En caso de que se alegue conflicto familiar, el médico deberá poner por escrito que su miedo está fundado, para lo que podrá pedir informes psicológicos si lo considera oportuno.
En cuanto al Comité Clínico, que tiene la última palabra cuando se plantee un problema en el feto después de la semana 14, estará compuesto por dos especialistas, uno de los cuales podrá ser elegido por la mujer. Tendrá "un plazo máximo de diez días" para emitir su dictamen y doce horas para comunicarlo a las partes implicadas.
Según el desarrollo normativo parcial aprobado, los abortos se practicarán en la red sanitaria pública aunque "excepcionalmente", estos centros podrán derivar a las mujeres a clínicas acreditadas "con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación".
La norma fue aprobada el pasado 17 de diciembre en el Congreso de los Diputados con 184 votos a favor y 158 en contra --ocho por encima de la mayoría absoluta requerida--, con el respaldo de PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos diputados de Convergencia (CDC-CIU), que tuvieron libertad de voto. En contra votaron el PP, CC, los cuatro de Unió (UDC-CiU), tres de Convergencia, UPN y UPyD. La diputada restante de Convergencia, Inmaculada Riera, fue la única abstención y el diputado del PP José Madero votó, por error, a favor de la norma
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